Documentos oficiales de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) revelan que la servidora pública Flor de María Rosario Ahon Solís no habría cumplido con devolver un pago de S/ 3,000 que, según informes internos, fue depositado de manera indebida en julio de 2025.
De acuerdo al Informe N.° 000412-2025-GRLL-OPA, elaborado por la Oficina de Planillas Activos de la GRELL, el desembolso se originó debido a que un pago efectuado previamente en diciembre de 2024 no fue rebajado oportunamente en el aplicativo de sentencias judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que generó una nueva transferencia a favor de la funcionaria.
El informe precisa que Ahon Solís recibió S/ 3,000 mediante la planilla adicional de julio de 2025, vinculada al Expediente Judicial N.° 01274-2017-0-1601-JR-LA-02. Posteriormente, la propia oficina de planillas concluyó que el monto fue cancelado indebidamente y recomendó solicitar la devolución del dinero.
Tras ello, la Gerencia Regional de Educación remitió el Oficio N.° 019267-2025-GRLL-GGR-GRE, mediante el cual otorgó un plazo de tres días hábiles para efectuar la devolución del dinero en la Oficina de Tesorería de la entidad. En el documento también se advierte que, de no cumplirse con el reintegro, se iniciarían acciones administrativas y legales para recuperar el monto pagado en exceso.
Sin embargo, según cartas dirigidas al Consejo Regional de La Libertad por ciudadanos y dirigentes civiles, hasta mayo de 2026 no existiría constancia de devolución ni autorización de descuento por planilla. En esos escritos se solicita que el caso sea derivado al Procurador Público Regional para el inicio de acciones judiciales.
Los documentos también mencionan un informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la GRELL que recomienda reiterar el requerimiento de devolución y, en caso de persistir el incumplimiento, remitir el expediente al Procurador Público del Gobierno Regional La Libertad.
Asimismo, en las cartas presentadas ante consejeros regionales se señala que los hechos podrían configurar presuntas responsabilidades administrativas y afectar el patrimonio del Estado, por lo que se exhorta al Consejo Regional a ejercer su función fiscalizadora.