Por: Mg. Harly Zavaleta Rojas / Unidad de Investigación Pandemonio
Un meme, un sticker de WhatsApp o un desnudo falso creado con inteligencia artificial bastan para arrastrar a un escolar al abismo. Mientras el hostigamiento digital se dispara en el país, el Ministerio de Educación sigue respondiendo con burocracia de papel y colegios sin psicólogos.
El timbre que anuncia el fin de las clases ya no significa refugio para las víctimas de acoso escolar en el Perú. Hoy, la agresión muta, se digitaliza y se expande en un espacio sin horarios ni geografía. Entra de golpe a las habitaciones a través de la vibración de un teléfono celular.
Detrás de las pantallas no hay «juegos de chicos». Las estadísticas revelan una crisis de salud pública y educativa que avanza a la velocidad de la fibra óptica. De acuerdo con el registro histórico de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, desde su creación en 2013 hasta la fecha se han reportado más de 70,000 casos de violencia escolar en el Perú. Lo alarmante es la velocidad de la mutación digital: tras el retorno total a la presencialidad postpandemia, las denuncias específicas por ciberacoso e intimidación por medios virtuales se dispararon, promediando entre 60 y 80 nuevos casos formales cada mes incorporados al sistema. Esta ola de hostigamiento en internet se concentra con una agresividad del 65% en Lima Metropolitana, seguida críticamente por las regiones de Piura, La Libertad y Arequipa. Sin embargo, detrás del tablero oficial se esconde una realidad mucho más cruda.
El silencio institucional del SíseVe
A pesar de que el Minedu reporta picos de denuncias tras el retorno a la presencialidad total, los especialistas advierten un subregistro crónico. Un estudio elaborado por la ONG Acción por los Niños estima que 7 de cada 10 escolares que sufren hostigamiento en entornos virtuales prefieren no denunciarlo ante sus profesores o directores.
La razón principal es la desconfianza en el sistema y el analfabetismo digital de las propias instituciones. Los protocolos de contingencia escolar peruanos siguen diseñados para la era analógica. Exigen capturas de pantalla físicas o la identificación plena del agresor, herramientas inútiles cuando el acoso se organiza a través de cuentas falsas (finstas) de Instagram, canales efímeros de Telegram o grupos clandestinos de WhatsApp que se eliminan en cuestión de horas.
«Los chicos no denuncian en el colegio porque la respuesta estándar del docente es confiscar el celular o prohibir las redes sociales», explica una psicóloga escolar de un centro educativo público en San Juan de Lurigancho, bajo condición de anonimato. «Eso no frena el problema; solo aísla a la víctima y la penaliza por hablar».
Deepfakes en el recreo
El ciberbullying en el Perú cruzó una línea de no retorno con la democratización de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA). La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha alertado sobre una modalidad que se ha disparado en los últimos meses: el uso de aplicaciones gratuitas de IA para realizar deepfakes pornográficos.
El modus operandi ya se repite en colegios de nivel socioeconómico alto y bajo por igual. Los agresores toman una fotografía cotidiana de las redes sociales de una compañera de aula, utilizan un software de edición neuronal para desnudar el cuerpo y viralizan la imagen en los grupos de mensajería escolar.
De acuerdo con reportes de la Divindat, el 85% de las víctimas de esta modalidad son mujeres menores de edad. El proceso legal, sin embargo, tropieza con un muro de impunidad: al ser los agresores menores de 18 años, el Código de los Niños y Adolescentes los considera infractores inimputables penales. Las denuncias se dilatan en las fiscalías de familia de Lima y provincias mientras las imágenes permanecen flotando en la red de forma irreversible.
Orfandad digital y fractura psicológica
La gravedad del problema impacta directamente en los centros de salud del país. El Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) «Honorio Delgado – Hideyo Noguchi» reveló en su último informe epidemiológico que los trastornos de ansiedad, depression mayor y conductas autolesivas en adolescentes de entre 12 y 16 años se incrementaron considerablemente. El estudio vincula de manera directa el uso problemático de pantallas y la exposición al rechazo digital sistemático con el riesgo suicida en menores.
Esta crisis se agudiza en un escenario de profunda desconexión familiar. Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican que más del 80% de los hogares urbanos en el Perú cuenta con acceso a internet móvil, y el promedio de inicio de uso de smartphones se ubica ahora en los 9 años. No obstante, las largas jornadas laborales de los padres —que en promedio superan las 48 horas semanales en la informalidad— configuran una situación de «orfandad virtual». Los menores navegan sin supervisión ni un adulto de confianza a quien ecurrir.
Una ley que nació muerta
El marco legal peruano cuenta con la Ley Nº 29719 (Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas), la cual estipula taxativamente que cada colegio del país debe contar con, al menos, un psicólogo de planta. La realidad presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha convertido esta ley en letra muerta: el propio Minedu admitió que menos del 15% de los colegios públicos a nivel nacional cuenta con un profesional de la salud mental estable.
Frenar el ciberbullying en el Perú requiere arrancar de raíz la idea de que lo virtual no es real. Mientras el Estado siga tratando el acoso en las redes como un conflicto privado o un simple «problema de internet», las pantallas de los escolares peruanos continuarán siendo el escenario de una violencia silenciosa, diaria y sin control.