Unidad de Investigación Pandemonio.- La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la contratación del servicio de publicidad digital del Gobierno Regional de La Libertad durante el año 2025 y advirtió incumplimientos a la normativa de publicidad estatal en periodo electoral que podrían derivar en responsabilidades administrativas y eventuales sanciones. Los hallazgos fueron consignados en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 039-2026-2-5342-AOP, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) y remitido a la gobernadora regional Joana del Rosario Cabrera Pimentel para la adopción de medidas correctivas.
Según el informe, la Subgerencia de Logística y Servicios Generales incurrió en inconsistencias al determinar el presupuesto del Concurso Público Abreviado N.° 002-2025-GRLL-GRA, destinado a contratar el servicio de publicidad en redes sociales. La Contraloría señala que, pese a que inicialmente la contratación fue calificada como estratégica, con un valor estimado de S/ 969,922.40, posteriormente la entidad modificó el criterio de contratación y redujo el valor referencial a S/ 428,042.64, utilizando como sustento la cotización de una sola empresa. Para el órgano de control, esta metodología no se ajustó a los procedimientos previstos en el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, lo que habría generado una deficiente determinación del presupuesto.
El informe también advierte que el Gobierno Regional incumplió los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para reportar publicidad estatal difundida durante el proceso electoral. La observación está relacionada con campañas publicadas en la página oficial de Facebook del Gobierno Regional sobre la entrega de patrulleros y motocicletas a la Policía Nacional. De acuerdo con la normativa vigente, estos reportes debían presentarse dentro de los siete días hábiles posteriores al inicio de la difusión; sin embargo, fueron remitidos de manera extemporánea. Como consecuencia, el Jurado Electoral Especial de Chiclayo emitió una resolución exhortando a la autoridad regional a cumplir las disposiciones legales sobre publicidad estatal y neutralidad electoral.
La Contraloría advirtió que estos hechos podrían comprometer el cumplimiento de las normas de neutralidad que deben observar las entidades públicas durante un proceso electoral y exponer al Gobierno Regional a sanciones administrativas. Frente a ello, el jefe del Órgano de Control Institucional solicitó a la gobernadora regional presentar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, un plan de acción con las medidas correctivas que adoptará para subsanar las observaciones y establecer el deslinde de las responsabilidades que correspondan.