La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de La Libertad interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra cuatro funcionarios y servidores de la UGEL Pataz, por presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución Directoral N.° 003681-2025-GRLL-GGR-GRE-UGELPT, mediante la cual se habría reconocido un pago de S/ 64 331,59 al abogado Julio Segundo Reyna Viera, quien se desempeñaba como asesor legal de la entidad. La denuncia fue presentada el 7 de agosto de 2026, según el cargo de recepción.
De acuerdo con la Procuraduría, la resolución emitida el 10 de noviembre de 2025 contendría un acto administrativo presuntamente nulo y habría reconocido beneficios económicos por un supuesto encargo como jefe de Personal en una plaza que no existiría en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP-Provisional). Además, dicha plaza no habría estado vacante ni presupuestada y carecería de registro en el AIRHSP, requisito para el procesamiento de pagos en el sistema de planillas.
El documento identifica como presuntos responsables al exdirector de la UGEL Pataz, Iván Ilich Cruzado Rivera; la exjefa de Administración, Jenny Elita Guanilo Jiménez; la responsable de Cálculos y Liquidaciones, Kelly Marlith Flores Escudero; y el asesor legal Julio Segundo Reyna Viera. Entre los hechos cuestionados, la Procuraduría señala un supuesto régimen laboral incompatible, una posible doble percepción de ingresos, la inexistencia de la plaza y una presunta liquidación irregular de beneficios aplicando la Ley de Reforma Magisterial a un servidor perteneciente al régimen del Decreto Legislativo 276.
El caso adquiere mayor gravedad por la condición de Reyna Viera como asesor legal de la propia UGEL Pataz, pues la Procuraduría sostiene que habría actuado simultáneamente como beneficiario del reconocimiento económico y representante legal de la entidad, lo que —según la denuncia— podría evidenciar un presunto aprovechamiento del cargo. Los hechos fueron denunciados bajo la posible comisión del delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal. La Procuraduría solicitó a la Fiscalía que recabe las declaraciones de los denunciados y realice las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.