Una denuncia presentada ante el Consejo Regional de La Libertad ha puesto en el centro de la controversia a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Sánchez Carrión, por un presunto fraccionamiento de contratos de transporte destinados al traslado de material educativo hacia instituciones de esa provincia andina. La acusación involucra al director de la entidad, Miller Nicolás Contreras Morales, y a la jefa del Área de Administración, Bella Sintia Salirrosas Terrones.
El docente Javier Arturo Carrión Ojeda formuló una denuncia formal ante los consejeros regionales, solicitando que se investiguen presuntas vulneraciones a la Ley de Contrataciones del Estado y a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que prohíben dividir contrataciones con la finalidad de evitar procesos de selección obligatorios.
Según la denuncia, la UGEL habría fragmentado de manera reiterada los servicios de transporte en órdenes menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mecanismo que habría permitido realizar adjudicaciones directas sin convocar procesos de licitación pública. De acuerdo con la información consignada en el documento, durante lo que va del año 2026 la entidad habría comprometido S/ 264,361 en contrataciones vinculadas al transporte.
La denuncia sostiene que la situación resulta particularmente relevante debido a que la UGEL Sánchez Carrión contaría con un Presupuesto Institucional de Apertura superior a los S/ 800 mil para este tipo de servicios, monto que obligaría a realizar procedimientos de selección conforme a la normativa vigente. Asimismo, se advierte que no existirían licitaciones publicadas relacionadas con dichos servicios en el portal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE).
Otro aspecto mencionado en la denuncia es la presunta relación familiar entre empresas que habrían obtenido contratos de transporte con la entidad educativa. Entre ellas figura Inversiones y Multiservicios C y F, que recibió una orden de servicio por S/ 38,740, así como Inversiones Riwilsa, beneficiada con un contrato por S/ 37,180 el pasado 20 de febrero de 2026.
Los hechos denunciados fueron difundidos previamente por el portal de investigación Macronorte, medio que informó sobre los cuestionamientos a la gestión de las contrataciones de transporte en la UGEL Sánchez Carrión.
En su escrito, el denunciante solicita que el Consejo Regional ejerza sus facultades fiscalizadoras e investigue la actuación de los funcionarios involucrados, al considerar que los hechos podrían configurar infracciones administrativas e incluso eventuales responsabilidades vinculadas a actos de corrupción.