Una denuncia internacional apunta a una supuesta red de favores que comprometería a fiscales, jueces, policías y hasta expresidentes. Todo gira en torno a convenios entre la Universidad César Vallejo —fundada por César Acuña Peralta— y entidades clave del Estado peruano. La controversia hoy reposa en manos de la justicia, pero una reciente decisión fiscal amenaza con archivar un caso que revela, como mínimo, un potencial conflicto de interés de proporciones inéditas.
El origen de la denuncia
El caso surgió a raíz de una denuncia presentada por el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, representante de la asociación española APEDANICA. En ella, se acusa a diversas autoridades peruanas —incluidos órganos de control de la Fiscalía y el Poder Judicial— de supuestamente recibir beneficios académicos y económicos gracias a convenios firmados con la Universidad César Vallejo (UCV).
Entre los señalados estarían fiscales, jueces, policías y personal de Medicina Legal. Se menciona incluso la presunta entrega irregular de títulos académicos, como los del expresidente Pedro Castillo y su esposa.
El trasfondo: descuentos en pensiones, becas, maestrías y posgrados que, según la denuncia, se habrían usado como moneda de cambio para obtener favores judiciales o fiscales en casos que involucrarían a la propia universidad o a su fundador, hoy gobernador regional de La Libertad.
El archivo que reaviva la polémica
A pesar de la gravedad de lo expuesto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción resolvió archivar preliminarmente la investigación. Argumenta que la denuncia no individualiza a los beneficiarios ni precisa qué funcionario realizó, omitió o retardó algún acto a cambio de esos beneficios, como exige la tipificación del delito de tráfico de influencias.
En otras palabras, para la Fiscalía, recibir becas o descuentos no basta para probar que hubo un pacto ilícito. Faltan nombres, acciones concretas y pruebas de la supuesta contraprestación.
La respuesta de la Procuraduría
Sin embargo, Yudith Villegas Espinoza, Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción, ha solicitado que se eleve el caso a un Fiscal Superior. Alega que archivar sin realizar diligencias mínimas —como tomar la declaración del denunciante o pedir información de los convenios— vulnera el deber de investigar.
La Procuraduría sostiene que la sola existencia de convenios con beneficios para funcionarios encargados de supervisar o decidir procesos donde la UCV podría estar implicada, plantea una sospecha razonable de conflicto de interés y posible captura institucional.
¿Un mecanismo legal o un blindaje disfrazado?
La Universidad César Vallejo no ha respondido públicamente a esta denuncia específica. Sin embargo, defensores de la institución señalan que los convenios son de naturaleza institucional y buscan facilitar acceso educativo a sectores amplios del aparato estatal.
Pero para críticos y expertos en ética pública, este argumento no disipa la preocupación de fondo: ¿qué pasa cuando fiscales o jueces, con beneficios académicos de una universidad privada, deben decidir sobre casos que podrían involucrar directa o indirectamente a sus benefactores?
Lo que está en juego
Si bien la Fiscalía argumenta que no hay delito, la Procuraduría insiste en que, como mínimo, debe investigarse más antes de archivar. De fondo, el caso expone un problema estructural: la falta de regulación clara sobre convenios entre entidades educativas privadas y organismos de control estatal.
Aún sin condena, el solo manto de duda plantea preguntas incómodas: ¿cuántos procesos han podido verse afectados por estos presuntos conflictos de interés? ¿Qué garantías de imparcialidad puede ofrecer la justicia si sus operadores reciben beneficios de actores con intereses litigiosos?
¿Y ahora qué?
El caso pasará a manos de un Fiscal Superior, quien deberá decidir si confirma el archivo o dispone que se retomen las diligencias. En juego está no solo la reputación de una universidad con amplia presencia política, sino la confianza ciudadana en que la justicia peruana sea inmune a la influencia de intereses privados.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿fue todo un plan para comprar silencios y favores, o solo convenios académicos mal entendidos? La respuesta, por ahora, sigue pendiente.