Redacción Pandemonio. ¿Qué sucede cuando quienes deben fiscalizar terminan guardando silencio? Esa es la inquietante pregunta que se instala en el centro de un escándalo que remece al Consejo Regional de La Libertad. Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por Manuel Benjamín Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, expone con nombres y documentos lo que considera un acto colectivo de omisión funcional, encubrimiento y falta de acción frente a hechos gravísimos que comprometen fondos públicos, ética y deberes legales.
La denuncia, sustentada en más de cuarenta folios, señala a once consejeros regionales —incluida su presidenta, Tania Lorena Carranza Blas— por haber ignorado deliberadamente sus responsabilidades fiscalizadoras, pese a haber sido formalmente notificados de presuntas irregularidades en el uso de recursos del Estado y en la contratación de familiares directos en entidades públicas. Todo esto a través de dos cartas múltiples, fechadas el 29 y 31 de diciembre de 2024, enviadas por el profesor Javier Arturo Carrión Ojeda, quien solicitaba una investigación y acción inmediata ante lo que calificó como un atentado contra los principios de legalidad y probidad.
Uno de los casos más emblemáticos es el del consejero regional por la provincia de Pataz, Luis Alberto Rodríguez Ponce, quien habría recibido pagos indebidos por años al gozar de una licencia con remuneración para ejercer su cargo político, pese a que dicha licencia no se encuentra contemplada en el marco legal vigente. Según el Ministerio de Educación, a través del Oficio N.º 03362-2023, Rodríguez Ponce habría cobrado mensualmente más de mil soles por una jornada parcial desde 2019, generando un perjuicio acumulado al tesoro público. Pese a la evidencia y la denuncia formal, los demás consejeros no promovieron acción alguna, ni exigieron el recupero de esos fondos, incumpliendo así sus deberes funcionales.
Pero el escándalo no termina ahí. La denuncia también incluye presuntas infracciones a la Ley de Contrataciones del Estado por parte de los hermanos de dos consejeros. En el caso de Rodríguez Ponce, su hermano Julio César habría contratado con el Estado a través de la Gerencia Regional de Educación, pese a estar impedido legalmente debido al vínculo de consanguinidad. Lo mismo ocurre con la consejera Tania Lorena Carranza Blas, cuya empresa familiar concretó al menos nueve contratos con municipalidades en zonas de su influencia política durante su mandato como presidenta de la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional, según reveló el portal periodístico «La Exclusiva» y fue confirmado en registros del SEACE.
Las normas son claras: el artículo 11 de la Ley N.º 30225 impide que familiares directos de consejeros regionales participen en procesos de contratación con el Estado durante el ejercicio del cargo. Sin embargo, a pesar de que esta información fue puesta en conocimiento de todos los miembros del Consejo Regional, no hubo investigación, debate ni pronunciamiento alguno. El silencio, en este contexto, no solo es cómplice, sino también delictivo.
El Código Penal peruano castiga la omisión de actos funcionales, el encubrimiento real y la omisión de denuncia cuando quienes tienen el deber de actuar por su cargo optan por no hacerlo. De comprobarse estos hechos, los consejeros podrían afrontar penas de hasta cuatro años de prisión. Más allá de lo legal, lo que está en juego es la credibilidad de un órgano creado para fiscalizar al Gobierno Regional, pero que hoy aparece bajo sospecha de encubrir a sus propios miembros.