Por: Redacción de Investigación Pandemonio
En el distrito de Huanchaco, región La Libertad, una supuesta “obra pública” adjudicada por la Municipalidad Distrital ha desatado una ola de cuestionamientos que va más allá de simples trámites administrativos. Bajo el título “Saldo de obra: Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N.° 82073, San Martín de Porres del AA.HH. El Milagro – Sector III”, se esconde lo que, para muchos, no es más que una fachada para justificar la adquisición de bienes con precios sospechosamente elevados y sin transparencia.
La licitación, adjudicada por S/ 756,791.99, ha sido clasificada como una obra pública. Sin embargo, al revisar los documentos técnicos y los reclamos formulados por postores, queda en evidencia un patrón preocupante: no existe una sola partida relacionada con construcción, infraestructura o mejoras edilicias reales. Lo que sí abunda en el expediente son proyectores, sillas, escritorios, microondas, refrigeradoras y computadoras.
UNA «OBRA» SIN OBRA
La contradicción es escandalosa. Se habla de un saldo de obra, pero no hay muros, techos ni concreto. Las partidas del expediente técnico no contemplan construcciones ni intervenciones físicas sobre el local escolar. Se trata, en realidad, de la adquisición de mobiliario y equipos. Aun así, el proceso fue lanzado bajo el régimen de obra pública, lo que restringe la participación de postores, evita ofertas competitivas y limita los mecanismos de control de precios.
Quienes revisaron el expediente técnico —como consta en el Pliego de Absolución de Consultas— advirtieron esta incongruencia. Postores alertaron que este proceso debió licitarse como adquisición de bienes, y no como obra. Pero el Comité de Selección desestimó las observaciones sin ofrecer argumentos técnicos sólidos, limitándose a decir que “es un saldo de obra”, y que, por lo tanto, el proceso no se modificaría.
SOBREVALORACIONES SIN PUDOR
Uno de los aspectos más alarmantes del proceso es la notoria sobrevaloración de los bienes incluidos en el expediente. Por ejemplo:
- Silla giratoria: S/ 980
- Microondas: S/ 2,550
- Refrigeradora: S/ 7,890
- Proyector: S/ 15,800
Precios abultados que no se corresponden con los valores de mercado. Según una de las consultas presentadas, la responsable de estas cotizaciones habría sido Ekatherin Tatiana Rodríguez Vega, del área de Logística. Si bien su nombre figura como responsable de los estudios de mercado, no se ha ofrecido una explicación de por qué se escogieron esos proveedores ni cómo se determinaron los precios referenciales.
EL INGENIERO INVISIBLE DE 41 MIL SOLES
Pero la historia no termina ahí. El expediente técnico contempla la contratación de un ingeniero civil como profesional clave, con un sueldo de S/ 41,000, bajo el rótulo de “residente de obra”. ¿Cuál será su función si no hay obra que ejecutar? Según la respuesta oficial, este profesional se encargaría de “interpretar planos y verificar especificaciones del mobiliario”.
Una respuesta que raya en lo absurdo: ¿Un ingeniero civil contratado por más de 40 mil soles para verificar la llegada de proyectores y computadoras?
SIMULACIÓN DE OBRA PARA EVITAR COMPETENCIA
Expertos consultados por este medio señalan que la clasificación de este proceso como obra no es casual. Al declararlo como saldo de obra —en vez de adquisición de bienes— se evita la posibilidad de que los postores hagan ofertas por debajo del 50%, como ocurre habitualmente en compras de bienes. Así, se asegura un margen de ganancia más alto, con menor competencia y menor fiscalización.
Un postor lo dijo sin rodeos en su observación al proceso: “Si lo lanzaban como bienes, la gente podría postular al 50% o hasta menos. Pero como lo hicieron como obra, solo lo pueden lanzar al 90%. Esto es para asegurar a quién se le da”.
DENUNCIAS IGNORADAS
Durante el proceso, varias empresas participantes alertaron de estas irregularidades y anunciaron que elevarían la denuncia a la Contraloría, el OSCE y el Ministerio Público. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conocido ninguna acción correctiva por parte de estos organismos.
Incluso se llegó a cuestionar al alcalde de Huanchaco, quien habría avalado el proceso. Un postor escribió en su consulta: “No creo que el Ing. César Acuña y el partido APP estén avalando estos despilfarros de dinero. Que descaro”. Otro denunciante fue más duro: “Si no fue preso por reventarle a puñetes a su señora, se irá preso por robar a manos llenas la municipalidad mediante estos tipos de procesos”.
NIÑOS SIN MEJORAS REALES
Lo más indignante es que el proceso se justifica como un “mejoramiento del servicio educativo”. Pero, en la práctica, no hay ninguna mejora real en la infraestructura educativa. No se ha construido ni una pared, ni un aula, ni una rampa. Solo se han comprado muebles y electrodomésticos, a precios escandalosamente inflados. Una operación que, según denunciantes, se habría hecho para “robar con guante blanco”.
¿Y LA CONTRALORÍA?
La pregunta inevitable es: ¿Dónde están los órganos de control? ¿Por qué no se ha revisado este proceso en detalle? ¿Por qué se permitió usar el rótulo de obra para justificar una simple compra de bienes?
Este caso no es solo una anécdota más del mal uso de recursos públicos. Es un reflejo del deterioro institucional, de cómo la legalidad puede manipularse para fines ilegales, y de cómo la impunidad continúa permitiendo que el dinero de los ciudadanos termine en bolsillos equivocados.
Mientras tanto, los estudiantes de la I.E. 82073 siguen esperando mejoras reales, y Huanchaco sigue acumulando obras que solo existen en el papel.