Redacción Pandemonio. En un caso emblemático de presunta corrupción administrativa que sacude a la región La Libertad, el Ministerio Público ha presentado un requerimiento acusatorio contra varios exfuncionarios y docentes por delitos relacionados con el peculado doloso por apropiación agravado y malversación de fondos públicos. El fiscal provincial titular, Roberto Gerardo Lecaro Alvarado, especializado en delitos de corrupción, ha solicitado penas de nueve años y cuatro meses de prisión efectiva para los principales imputados.
Detalles del caso
La investigación se centra en irregularidades en las planillas de pagos de docentes activos y cesantes de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, que habrían ocurrido entre los años 2016 y 2018. Según el expediente judicial 00633-2019-35-1601-JR-PE-09, los acusados, en sus cargos de responsabilidad, generaron y autorizaron pagos indebidos que superaron el monto legal permitido, sin respetar el orden de prelación establecido y utilizando partidas presupuestales destinadas exclusivamente para pagos de deudas judiciales.
Los principales imputados son Jason Renzo Luján Velásquez (exdirector de la Oficina de Administración), Víctor Manuel Otiniano González (responsable de planillas de cesantes), Walter Lorenzo Flores Tandaypan (responsable de planillas de activos), Juana Valles Rivas (tesorera) y Ángela Natividad Geldres Paredes (responsable de la Oficina de Contabilidad). A su vez, trece docentes cesantes son señalados como cómplices por haber cobrado pagos anticipados y duplicados antes de la autorización oficial.
Hechos investigados
El fiscal destaca que los pagos irregulares ascendieron a un monto total de S/5,170,458.57, realizados de manera sistemática y arbitraria, incluyendo bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos no autorizados. Estas acciones vulneraron principios éticos y legales de la función pública, afectando gravemente las finanzas y la administración estatal.
Además, se documenta que ciertos docentes recibieron pagos anticipados incluso antes de la publicación oficial de listas autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, evidenciando un favoritismo y manipulación en el manejo de los recursos públicos.
Reparación civil y daño al Estado
En la demanda civil paralela, la Procuraduría Pública Anticorrupción de La Libertad reclama una reparación solidaria de S/. 115,571.31 por daño patrimonial y S/. 50,000 por daño extrapatrimonial, afectando no solo las arcas estatales sino también la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema educativo regional.
El documento detallado analiza casos específicos de sobregiros en pagos realizados a docentes como Óscar Alberto Fernández Sisniegas, Napoleón Ramos Mendoza, Celedonio Roncal Vargas y Jorge Bernardo Ramos Tenorio, entre otros, con cifras que superan ampliamente las resoluciones de reconocimiento de deuda oficiales.
Procedimientos y solicitudes fiscales
El Fiscal Roberto Lecaro solicita que los acusados sean procesados conforme a lo previsto en los artículos 387° y 389° del Código Penal, que sancionan el peculado y la malversación de fondos con penas de prisión que pueden ir de cuatro a doce años, además de inhabilitación y multas.
Se enfatiza que los principales acusados deben enfrentar penas en el tercio inferior del espacio penal previsto, es decir, nueve años y cuatro meses de prisión efectiva, debido a la naturaleza agravada del delito y participación directa, mientras que los cómplices docentes enfrentan penas menores, con penas privativas de libertad de cuatro años.