Una trama de contrataciones cuestionadas, vínculos familiares y posibles favoritismos se teje en el interior de Sedalib S.A., la empresa estatal encargada de los servicios de agua potable y saneamiento en La Libertad. Documentos oficiales revelan que durante la gestión del expresidente del directorio, Percy Rosario Martell, y del exgerente general, Víctor Gutiérrez, una empresa de reciente creación fue favorecida con 13 órdenes de servicio que, en apenas cinco meses, sumaron más de S/ 525 mil.
La empresa en cuestión es Realty CGP, constituida el 14 de noviembre de 2024. A pesar de que su rubro declarado ante la SUNAT es el alquiler y arrendamiento de vehículos, esta firma logró diversificarse aceleradamente en Sedalib: entre febrero y julio de 2025 se adjudicó servicios que van desde el mantenimiento de baños hasta la forestación y la construcción civil. Lo llamativo es que la compañía recién emitió su primera factura el 31 de enero de 2025. Apenas dos semanas después ya se había ganado su primer contrato con la EPS por S/ 35,450 para alquiler de vehículos.
Contratos diversos y veloces
Según los registros de Sedalib, los contratos se sucedieron con sorprendente rapidez. En abril, Realty CGP obtuvo dos órdenes por S/ 72,394 para mantenimiento de baños y auditorios. En mayo, sumó otros cuatro por S/ 136,933, incluyendo trabajos en reservorios y plantas de tratamiento. Junio marcó un pico con S/ 169,084 repartidos en cuatro órdenes, y en julio, dos más por S/ 85,471. En total, 13 contrataciones directas sin proceso de licitación pública aparente, abarcando funciones que poco tienen que ver con el giro inicial de la empresa.
El rastro de los vínculos familiares
El caso adquiere un matiz más grave al evidenciarse conexiones familiares entre la gerenta de Realty CGP, Rita Mireya Osorio Pretel, y otros proveedores que también han sido beneficiados en Sedalib. Su hijo, Jhordyn Javier Poma Osorio, figura como representante de al menos cuatro empresas más (Profesor Topo SAC, Rebel Queen SAC, Nipon Oil Motors y JP Services 360° SAC), todas ellas también adjudicatarias de contratos en la empresa de saneamiento por montos millonarios.
La Contraloría General de la República ya inició acciones para esclarecer el presunto direccionamiento de estos contratos y determinar si existieron conflictos de interés, colusión o favorecimiento indebido. Mientras tanto, crece el cuestionamiento sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia en la gestión de Sedalib, cuyo servicio es esencial para miles de ciudadanos de La Libertad.