La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad formalizó y continuó la investigación preparatoria contra exfuncionarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, en agravio del Estado.
La disposición fiscal, emitida el 22 de enero de 2026, comprende a Julio Elmer Sifuentes Nicasio, Luis Javier Collantes Silva y Lorena Beatriz Velásquez Leyva, quienes integraron el comité evaluador del proceso CAS N.° 0002-2021-GRELL, así como a José Luis Aguilar Pereda, Mayra Lizbet Gamarra Canchachi y la abogada Rosario Teodolinda Villar Hoyos.
Irregularidades en proceso CAS
De acuerdo con la imputación fiscal, el comité evaluador habría favorecido indebidamente a Rosario Teodolinda Villar Hoyos en el concurso público para el cargo de especialista DRE/GRE Legal, pese a que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las bases, principalmente en lo referido a la experiencia específica en supervisión y procedimientos administrativos sancionadores.
El Ministerio Público sostiene que, aun cuando la postulante no acreditaba dicha experiencia, fue calificada como apta y posteriormente declarada ganadora del proceso, tras obtener un mayor puntaje en la entrevista personal. Asimismo, se advierte que la documentación sustentatoria fue presentada de manera física, cuando las bases exigían su remisión virtual, sin que ello haya motivado su descalificación.
Constancia con contenido presuntamente falso
La investigación también alcanza a la constancia de servicios de fecha 8 de octubre de 2020, suscrita por José Luis Aguilar Pereda y visada por la responsable de Abastecimiento, Mayra Lizbet Gamarra Canchachi. Según la Fiscalía, dicho documento consignaría actividades que no figuran en las órdenes de servicio correspondientes al año 2019, lo que configuraría el presunto delito de falsedad ideológica.
En ese contexto, Aguilar Pereda y Gamarra Canchachi son investigados como presuntos autores del delito en la modalidad de “hacer”, mientras que Villar Hoyos es investigada por la modalidad de “usar” documento con contenido falso.
Delitos imputados
Los hechos atribuidos a los miembros del comité evaluador fueron subsumidos en el delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, mientras que los relacionados con la emisión y uso de la constancia cuestionada se encuadran en el delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 427 del mismo cuerpo legal.
La investigación se sustenta en abundante documentación administrativa, órdenes de servicio, actas del proceso CAS, declaraciones testimoniales y declaraciones de los propios investigados, las cuales forman parte de los elementos de convicción valorados por el Ministerio Público.