Unidad de Investigación Pandemonio.- La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad inició una investigación preliminar por 120 días contra Percy Ricardo Lucio Rosario Martell, ex presidente del Directorio de la empresa estatal SEDALIB, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos directos.
La investigación, a cargo de la fiscal Iris del Rocío Bernal Polo, se centra en la contratación de la empresa Realty CGP SAC, que habría sido beneficiada con múltiples órdenes de servicio pese a su reciente creación.
Empresa recién constituida concentró contratos
De acuerdo con la denuncia presentada, Realty CGP SAC fue constituida el 14 de noviembre de 2024 y, en un corto periodo, obtuvo 13 órdenes de servicio entre febrero y julio de 2025, por un monto total de S/ 525,802.00.
La Fiscalía advierte varios aspectos cuestionables: el giro de negocio declarado de la empresa es el alquiler de vehículos, pero fue contratada para mantenimiento de infraestructura, obras en plantas de tratamiento y servicios de forestación. Además, se investiga un posible vínculo familiar entre la representante legal de la empresa, Rita Mireya Osorio Pretel, y Jhordyn Poma Osorio, gerente de otras cuatro empresas proveedoras de SEDALIB.
Delito imputado y diligencias
El Ministerio Público ha tipificado preliminarmente los hechos como presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Como parte de la Disposición N.° 1, se ordenó al Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción de Trujillo realizar diversas diligencias, entre ellas:
- Solicitar a SEDALIB copias certificadas de todas las órdenes de servicio y compra emitidas a favor de Realty CGP SAC durante 2025.
- Oficiar a la Contraloría General, a través de la Gerencia Regional de Control, para determinar si existen investigaciones paralelas.
- Tomar declaración indagatoria al investigado Percy Rosario Martell y declaración testimonial a Rita Osorio Pretel.
- Identificar a funcionarios y servidores públicos que intervinieron en la emisión de las órdenes de pago.
La disposición fiscal advierte que los funcionarios de SEDALIB que no entreguen la documentación requerida en un plazo de 10 días podrían ser denunciados por desobediencia a la autoridad.