La situación en el distrito de Pataz sigue generando preocupación. Diversas fuentes denuncian que las bases de ronda estarían actuando como una cortina de humo para desviar la atención de la minería ilegal, que continúa operando con fuerza en la zona, pese a los constantes operativos de prohibición.
Un caso emblemático es el de la mina Galindo, donde en abril de este año fueron asesinadas 13 personas. A pesar de ser señalada como un foco de minería ilegal y haber sido intervenida en múltiples ocasiones, la mina continúa funcionando con aparente normalidad.
“Es indignante. La mina Galindo sigue operando como si nada, a pesar de que en más de diez intervenciones se ha encontrado armamento de guerra y grandes cantidades de explosivos. ¿Dónde está el control del Estado?”, cuestionó un dirigente comunal que pidió mantener el anonimato por seguridad.
Para los pobladores de la zona, la frustración es profunda. “Vienen, hacen un operativo, se toman fotos, y luego todo sigue igual. Nosotros tenemos que vivir aquí, rodeados de explosivos, con el miedo de que pase algo peor. Nadie se queda vigilando, nadie responde por lo que pasa después”, expresó una vecina del anexo cercano a la mina Galindo. “Ya no confiamos en nadie, ni en las rondas ni en los militares. Todos parecen mirar hacia otro lado”.
Lo más grave, aseguran las fuentes, es que existen evidencias en video donde se observa a miembros del Ejército del Perú actuando junto a rondas campesinas, exigiendo el pago de 100 soles por cada trabajador de las contratas mineras que intentan ingresar a la zona. Esta práctica habría sido reportada por varias empresas locales, que denuncian una especie de “peaje informal” instalado en las tranqueras comunales, bajo la supervisión de actores que supuestamente deberían brindar seguridad.
“No es una sospecha, hay pruebas. En los videos se ve claramente a los soldados parando camionetas con los ronderos y cobrando por cada trabajador. Si no pagas, no pasas. Así de simple”, afirma un empresario del sector, quien también solicitó el anonimato. “No se trata de control, se trata de dinero.”
Ante este panorama, la sensación que queda entre los pobladores es de abandono. Muchos sienten que los operativos del Estado ya no significan nada, que solo sirven para las cámaras. “Lo que necesitamos no es que vengan para las fotos y se vayan. Necesitamos que alguien se quede, que vigile, que de verdad haga algo. Porque los que vivimos aquí somos los que ponemos el cuerpo todos los días, mientras otros solo miran desde lejos”, dice con resignación un poblador.