Redacción Pandemonio. Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público involucra al gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, a altos funcionarios de su gestión y a la empresa LC & EC Constructora Consultora y Servicios SAC, dirigida por la joven empresaria Lucero Coca Condori.
La acusación, contenida en la Carpeta Fiscal N.° 401-2025, señala la presunta comisión de delitos de colusión agravada, negociación incompatible y tráfico de influencias en la adjudicación de proyectos de infraestructura por más de S/ 544 millones en La Libertad, Loreto y Junín.
El denunciante, Manuel Benjamín Ruiz Briones, presidente de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, sostiene que este caso “ya salió del alcance de la provincia de Trujillo, pues abarca ahora las provincias de Otuzco y Virú, además de las regiones de Loreto y Junín”. Por esa razón, solicita que la investigación sea asumida por la Fiscalía Supraprovincial de la Nación, instancia que investiga delitos de crimen organizado que trascienden varias jurisdicciones.
En su petitorio, Ruiz Briones también ha solicitado la prisión preventiva contra César Acuña Peralta y sus funcionarios Herguein Martín Namay Valderrama, Jobvito Elder Flores Mariños, Jorge Luis Bringas Maldonado, así como contra la empresaria Lucero Natalie Coca Condori. Además, ha requerido la intervención del Dr. Mirko Dijo Cano Gamero, Fiscal Supremo y Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y del Dr. Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad.
El caso actualmente se encuentra en manos del Dr. Víctor Ricardo Bazán Alagón, fiscal coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad. Sin embargo, dada la magnitud de las irregularidades, el denunciante insiste en que se derive a Lima, siguiendo precedentes como el de César Álvarez, exgobernador de Áncash, cuyo proceso por corrupción fue asumido por la Fiscalía Supraprovincial debido a su dimensión nacional.
Entre las obras cuestionadas figuran el corredor vial Trujillo–Huanchaco (S/121 millones) y el hospital de Virú (S/194 millones) en La Libertad, además de contratos en Loreto y Junín. La empresa LC&EC, inscrita recién en 2023, obtuvo la buena pro pese a no acreditar experiencia en la construcción de hospitales o carreteras, lo que contraviene la Ley de Contrataciones del Estado.
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) ha requerido a las autoridades regionales los expedientes de las licitaciones, advirtiendo que se adjudicaron obras millonarias a una empresa que carecía de trayectoria. Incluso, en algunos proyectos, LC&EC asumió hasta el 99% de la ejecución.
En La Libertad, el Gobierno Regional emitió la Resolución Ejecutiva Regional N.° 000536-2025, declarando la nulidad de oficio del contrato del corredor vial Trujillo–Huanchaco, tras detectarse documentación falsa en el proceso. No obstante, pobladores de Huanchaco ya han anunciado protestas para evitar la paralización de la obra, luego de que se desembolsaran cerca de S/40 millones y solo se haya avanzado un 4% de los trabajos.
Este caso ha escalado a nivel nacional y podría convertirse en uno de los procesos anticorrupción más emblemáticos de los últimos años, al comprometer a tres gobiernos regionales y a un partido político de alcance nacional.