Redacción Pandemonio. Una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad ha puesto en la mira a varios funcionarios de la Gerencia Regional de Educación (GRELL) y de la UGEL N° 04-Trujillo Sur Este. El caso involucra a la Institución Educativa Privada “Hosanna SAC”, que estaría operando sin autorización oficial en la urbanización La Noria, Trujillo, y utilizando irregularmente códigos modulares de otras escuelas.
El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Benjamín Ruiz Briones, amplió la denuncia penal contra la abogada Rosario Teodolinda Villar Hoyos, especialista legal de instituciones educativas privadas de la GRELL, acusándola de conocer y permitir el funcionamiento informal del colegio “Hosanna”. Según la denuncia, villar —en su rol de supervisora regional entre 2023 y 2025— habría encubierto la situación pese a que su responsabilidad era fiscalizar a las UGEL y garantizar la legalidad del servicio educativo.
La acusación no es aislada. Villar ya enfrenta un proceso en la Fiscalía por el caso de la carpeta fiscal n.° 271-2023, donde se le investiga por presunta negociación incompatible y falsedad genérica, al haber presentado constancias laborales presuntamente falsas para acceder al cargo que hoy ocupa. En este nuevo frente judicial, se le imputa además haber actuado en coordinación con Eduardo Javier Flores Castro, jefe del área de gestión institucional de la UGEL 04, y con otros funcionarios denunciados, como el abogado Genaro Carrera Cabrera y la administradora Anghie Bohuytron Narro.
Las pruebas presentadas incluyen actas notariales, informes técnicos de la propia UGEL, cartas notariales y disposiciones fiscales previas. Entre ellas, destaca un acta del 18 de julio de 2025, en la que villar reconoce la informalidad de la IEP. Hosanna, lo que demostraría que tenía pleno conocimiento de las irregularidades, pero no actuó para sancionar ni cerrar el local.
Además, los denunciantes señalan que la gerente general de hosanna, mara Georghiette Valderrama, operaba sin contar con resolución de funcionamiento y contratando personal sin título docente. El agravante, según la denuncia, es que Hosanna compartía códigos modulares con su sede de Miramar y con la I.E. Santa Teresita de la UGEL 03, en un aparente esquema de manipulación administrativa para captar alumnos y recursos educativos de manera ilícita, según señala la denuncia.
El caso ha escalado hasta el despacho del fiscal coordinador anticorrupción de la libertad, Víctor Ricardo Bazán Alagón, quien deberá decidir si formaliza la investigación y solicita medidas como el levantamiento del secreto de comunicaciones entre los funcionarios implicados. La carpeta fiscal ya cuenta con más de 140 folios de pruebas documentadas que refuerzan la tesis de la presunta corrupción en la GRELL y la UGEL 04.
Este entramado expone un problema mayor: cómo las debilidades de control en el sector educación permiten que colegios privados funcionen al margen de la ley, comprometiendo no solo la legalidad del servicio, sino también el derecho de cientos de estudiantes a recibir una educación de calidad.