Unidad de Investigación Pandemonio.- La formalización de la investigación penal contra Jorge Luis Sigüenza Quispe, dirigente de Alianza Para el Progreso (APP) en Alto Trujillo, ha generado cuestionamientos políticos en torno a los filtros aplicados para la contratación de personal vinculado a organizaciones partidarias en el Gobierno Regional de La Libertad.
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo dispuso continuar la investigación preparatoria contra Sigüenza Quispe por el presunto delito de uso de documento privado falso, luego de determinar que habría presentado un certificado de trabajo apócrifo para acceder a una orden de servicio en la administración regional.
Vínculo político y contratación
Sigüenza Quispe no solo ocupó el cargo de Coordinador de Caminos de la zona 3 (Alto Trujillo) para el servicio de gestión y control de maquinaria, sino que además es dirigente activo de APP en dicho distrito, partido que gobierna la región La Libertad.
Gracias a su contratación, obtuvo la orden de servicio N.° 0000703, por un monto de S/ 38 490, con un plazo de ejecución de 275 días, lo que ha puesto bajo la lupa el componente político en la designación de personal bajo la modalidad de servicios.
Documento falso
Según la investigación fiscal, el certificado presentado por Sigüenza Quispe habría sido atribuido falsamente a la empresa Consultora y Constructora Corporación M&R. Sin embargo, el gerente general de dicha empresa, Kenny Tito Matos Rojas, declaró que el investigado nunca laboró en la compañía y que el documento no fue emitido por su representada.
Estos hechos llevaron al fiscal Juan Alexander Huamán Rojas a concluir que la conducta del investigado se subsume en el artículo 427 del Código Penal, por lo que dispuso separar su caso del de otros funcionarios y centrar la persecución penal en su actuación individual.
Archivo para gerentes regionales
En contraste, la Fiscalía resolvió archivar la investigación respecto a los gerentes regionales Jobvito Flores Mariños y Jorge Luis Bringas, al considerar que la verificación detallada de la autenticidad de los documentos presentados por proveedores no formaba parte expresa de sus funciones, limitando cualquier responsabilidad al ámbito administrativo.