Contratos con requisitos incumplidos, compras fraccionadas sin justificación y un locador que casi nunca se presentó a trabajar, pero que igual firmó órdenes de compra. Documentos a los que accedió la Unidad de Investigación de Pandemonio describen un entramado que pone en cuestión la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación en la UGEL Pataz.
En el centro de la historia aparece Juan Antonio Carrera Muñoz, contratado como especialista en abastecimiento pese a no acreditar —de manera fehaciente— la experiencia mínima exigida en los términos de referencia: tres años de experiencia general y un año específico en el sector público. Pese a ello, el área de administración le validó documentos inconsistentes, con firmas que difieren de las estampadas en otros contratos.
El contrato establecía que Carrera debía prestar el servicio de forma presencial en la UGEL Pataz, pero según consta, apenas habría ido uno o dos días. Pese a ello, firmó órdenes de compra, algo prohibido para un locador de servicios según la Ley 31298, que impide asumir funciones de un trabajador permanente.
Aún más preocupante, los expedientes revisados apuntan a un posible fraccionamiento de un único requerimiento en seis órdenes distintas, sin fundamento técnico, así como la inclusión de códigos únicos para beneficiar a proveedores específicos, lo que sugeriría un direccionamiento deliberado de las compras.
La Unidad de Investigación de Pandemonio intentó en reiteradas ocasiones comunicarse telefónicamente con el director de la UGEL Pataz, José Antonio Rodríguez Bacilio, y con el asesor legal de la entidad. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.