Reunión clave, empresa sin experiencia y denuncias penales que no frenaron nada. En marzo de este año, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se reunió en su despacho con Juan Coca Rojas, padre de Lucero Coca Condori, una joven de 23 años que representa a la constructora LC & EC. Dos meses después, el Gobierno Regional de La Libertad adjudicó a esa empresa contratos por S/315,6 millones, pese a que el padre enfrenta una denuncia por extorsión y la hija, una reciente denuncia por estafa.
Una cita que marcó el inicio de todo
El 8 de marzo de 2025, Juan Coca Rojas —quien no figura formalmente en la constructora— visitó el despacho de Acuña. Dos días antes, el gobierno regional ya había firmado el primer contrato por S/121,5 millones para rehabilitar la vía Trujillo-Huanchaco. Y semanas después, en mayo, la constructora ganó la buena pro para modernizar el hospital de Virú por S/194,1 millones. El contrato se firmó el 11 de junio.
LC & EC fue constituida recién en julio de 2023 con un capital de S/50 mil. En apenas año y medio, consiguió contratos por más de S/315 millones durante la actual gestión regional. Todo esto, pese a carecer de experiencia comprobada en obras de gran magnitud.
Denuncias que no importaron
Según el Ministerio Público, Juan Coca Rojas tiene una denuncia por extorsión desde 2012 en la 33° Fiscalía Provincial Penal de Lima. Su hija, Lucero Coca Condori —quien actúa como representante de los consorcios que ganaron las licitaciones— fue denunciada por estafa el 16 de julio de 2025 ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.
La estructura detrás
Aunque oficialmente no aparece en los registros, todo apunta a que Juan Coca Rojas es el hombre fuerte detrás de la empresa familiar integrada por su esposa, Esther Condori Cárdenas, y su hija Lucero. La rapidez con que LC & EC consiguió adjudicaciones millonarias despierta más preguntas que respuestas, especialmente por la cercanía temporal entre la reunión con Acuña y la firma de los contratos.
¿Qué se habló realmente en esa reunión? Esa es la pregunta que el gobernador aún no responde, mientras más de S/315 millones de recursos públicos terminaron en manos de una empresa sin trayectoria, controlada por una familia con denuncias abiertas por extorsión y estafa.