Unidad de Investigación Pandemonio. Un delicado caso de presunta irregularidad administrativa y posible favorecimiento indebido sacude a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL). Documentos oficiales revelan que la nulidad de una resolución gerencial que otorgó beneficios económicos a la madre del exgerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, se encuentra a cargo de un abogado inhabilitado, pese a una orden expresa del Ministerio de Educación para dejar sin efecto dicho acto.
El caso gira en torno a la Resolución Gerencial Regional N.° 000448-2024-GRLL-GGR-GRE, observada por el Informe N.° 01971-2025-MINEDU, que concluye que el acto administrativo fue emitido con vicios graves, al autorizar el pago de beneficios sociales y devengados a favor de una familiar directa del entonces titular de la GRELL, configurando un evidente conflicto de intereses.
Ante esta situación, el Ministerio de Educación dispuso, mediante el Oficio N.° 03134-2025, que la entidad regional inicie de inmediato la nulidad de oficio con el objetivo de frenar nuevos desembolsos y recuperar recursos públicos. Sin embargo, lejos de ejecutarse con celeridad, el procedimiento habría sido entrampado desde la propia Oficina de Asesoría Jurídica.
El rol de la Oficina de Asesoría Jurídica
La denuncia formal presentada el 7 de enero de 2026 por Manuel Benjamín Ruiz Briones señala directamente al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Miguel Edduart Vilca Polo, por haber delegado el trámite de nulidad al abogado Juan Pablo Salazar Santamaría, especialista de dicha oficina. El problema es que Salazar Santamaría se encuentra inhabilitado por el Colegio de Abogados de La Libertad desde el 28 de junio de 2025, condición que le impide legalmente ejercer la profesión y emitir informes jurídicos.
Pese a ello, el expediente fue puesto bajo su responsabilidad, lo que —según la denuncia— vicia de nulidad cualquier actuación realizada y compromete seriamente la validez del procedimiento administrativo.
Dilación y presunto favorecimiento
Para el denunciante, la intervención de un abogado inhabilitado no responde a un error administrativo, sino a una maniobra de dilación deliberada. Al asignar el caso a un profesional impedido legalmente, se crea un escenario propicio para que la nulidad de oficio sea posteriormente cuestionada por defectos formales, manteniendo vigente —al menos temporalmente— el beneficio económico otorgado a la madre del exgerente regional.
Esta situación, además de afectar el principio de legalidad, perjudica directamente los intereses del Estado, al impedir la reversión de pagos observados por el órgano rector del sector Educación.
Caso en manos del control
Ante la gravedad de los hechos, la denuncia ha sido derivada al Órgano de Control Institucional (OCI) de la GRELL, encabezado por Gino Felipe Álvarez del Villar Reinoso, para que determine las responsabilidades administrativas y funcionales correspondientes. El OCI deberá investigar, además, la presunta paralización injustificada de los expedientes N.° 0645007 y 0653719, vinculados al trámite de nulidad.
De manera paralela, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio de Educación, a través del Dr. Andrés Antonio Izaguirre Minaya, jefe de la DITEN, solicitándose una intervención inmediata desde Lima ante lo que se considera una seria afectación a la legalidad administrativa en la región La Libertad.