Un docente de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 03 Trujillo Nor Oeste puso en conocimiento de la dirección de dicha entidad la existencia de denuncias administrativas y penales contra postulantes que participan en el proceso de contratación CAS N.° 003-2026.
El documento, presentado el 23 de marzo de 2026 por Javier Arturo Carrión Ojeda, fue dirigido a la directora encargada de la UGEL 03, Rocío Elizabeth Rebaza Blas, y remitido también al comité de contratación CAS. En él, el denunciante solicita que se considere la trayectoria de los postulantes al momento de evaluar su incorporación como servidores civiles.
Según el escrito, entre los participantes del proceso se encuentran Juan Manuel Rodríguez Malqui y Genaro Enrique Carrera Cabrera, sobre quienes —según señala el denunciante— existen cuestionamientos derivados de su desempeño en entidades como la Gerencia Regional de Educación de La Libertad y otras UGEL de la región.
Respecto a Genaro Enrique Carrera Cabrera, el documento indica que es investigado en una carpeta fiscal por presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad genérica. La investigación estaría vinculada a la presunta autorización irregular de funcionamiento de una institución educativa privada en Trujillo, en coordinación con otros funcionarios.
En el caso de Juan Manuel Rodríguez Malqui, se señala que, durante su desempeño como secretario técnico de apoyo en procedimientos administrativos disciplinarios, emitió un pronunciamiento sobre la no obligatoriedad de los informes de la Contraloría General de la República en determinados procesos. El denunciante menciona que este hecho se produjo en el contexto de un procedimiento relacionado con presuntas responsabilidades administrativas por un perjuicio económico en la Gerencia Regional de Educación.
Asimismo, el documento refiere una presunta relación entre Rodríguez Malqui y un funcionario de la UGEL 04, indicando que posteriormente habría suscrito contratos de locación de servicios en dicha entidad.
El denunciante adjunta copias de procesos fiscales y enlaces a publicaciones periodísticas como sustento de su comunicación, la cual califica como una “alerta” para que la autoridad evalúe la idoneidad de los postulantes.