Unidad de Investigación Pandemonio.- El Gobierno Regional de La Libertad vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) ha iniciado una supervisión que apunta directamente a la Subgerencia de Recursos Humanos, encabezada por Erick Jhon Agreda Llaury, por un presunto incumplimiento que podría tener serias implicancias administrativas.
La observación es delicada: trabajadores incorporados por mandato judicial habrían sido excluidos del proceso de nombramiento, pese a que la normativa vigente obligaba a considerarlos. La decisión —según el propio documento— debía ser evaluada y sustentada por el área de Recursos Humanos, lo que coloca a su titular en el centro de la controversia.
El oficio de SERVIR no solo exige explicaciones, sino que fija responsabilidades. Solicita a Agreda Llaury detallar cómo se llevó a cabo el proceso, qué criterios se aplicaron y por qué se habría dejado fuera a personal con respaldo judicial .
Aquí el punto crítico: si no existe sustento técnico o legal, la exclusión podría interpretarse como una decisión arbitraria. Y en ese escenario, la responsabilidad recaería directamente en la conducción de Recursos Humanos.
Además, el documento advierte que el incumplimiento en la entrega de información dentro del plazo de siete días hábiles genera responsabilidad para el jefe del área. Es decir, no responder o hacerlo de forma deficiente podría agravar aún más la situación .
La supervisión iniciada no es un trámite cualquiera. Se activa ante indicios concretos de irregularidades y puede concluir con medidas correctivas, recomendaciones formales e incluso el deslinde de responsabilidades con nombres propios.