La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad dispuso iniciar una investigación preliminar contra varios exfuncionarios de la Gerencia Regional de Educación (GRELL) por presuntos delitos de negociación incompatible, colusión agravada y tráfico de influencias, relacionados con la contratación de un profesor cesante mediante la modalidad de locación de servicios.
La disposición fiscal N.º 01, emitida el 13 de enero de 2026 por la fiscal María Noelia La Barrera Marcelo, señala que la investigación se origina tras una denuncia presentada por Javier Arturo Carrión Ojeda. Según el documento, los hechos están vinculados a la contratación del profesor cesante Miguel Ángel Ramírez Paz, quien habría prestado servicios entre los años 2023 y 2025 mediante órdenes de servicio presuntamente simuladas.
Entre los investigados figuran los exfuncionarios Flor de María Rosario Ahon Solís, Julio Martín Camacho Paz, Kenner Gustavo Vega Mercado, Lorena Beatriz Velásquez Leiva y Renato Gustavo Quiñones Carranza, quienes habrían intervenido en la elaboración, trámite y aprobación de los requerimientos que permitieron la contratación. La Fiscalía investiga si dichos actos generaron un perjuicio económico al Estado y si existió interés indebido en favorecer al mencionado locador.
La denuncia también señala que Ramírez Paz habría sido contratado sin cumplir el perfil requerido para las funciones vinculadas al área de promoción escolar, cultura y deporte. Además, se cuestiona que durante el proceso no se habría realizado un estudio de mercado y que los servicios habrían sido requeridos de forma continua durante tres años.
Como parte de las diligencias preliminares, la Fiscalía dispuso recabar declaraciones testimoniales de funcionarios del área de abastecimiento y administración, así como la declaración del denunciante. Asimismo, se ha programado la citación de los investigados para que rindan su declaración indagatoria ante la Policía especializada en delitos de corrupción.
Dentro de las diligencias también se solicitó información al partido político César Acuña Peralta, debido a que en la denuncia se menciona una presunta relación personal entre el líder de Alianza Para el Progreso y el profesor contratado, lo que será materia de verificación durante la investigación.
La investigación ha sido declarada compleja y tendrá un plazo inicial de cuatro meses, periodo en el cual la Fiscalía buscará determinar si existió o no responsabilidad penal en la contratación cuestionada y si se configuró algún delito contra la administración pública en perjuicio del Estado.