Una denuncia penal ingresó a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Trujillo contra funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad y de la Gerencia Regional de Educación (GRELL), a quienes se les atribuye haber retardado de manera deliberada trámites administrativos clave para permitir que una resolución cuestionada quede firme y no pueda ser anulada por ley.
El escrito acusa la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal, y sostiene que la inacción funcional habría tenido como finalidad dejar sin efecto la posibilidad legal de anular un acto administrativo presuntamente ilegal, cuyo plazo de nulidad vence el 4 de febrero de 2026.
Resolución bajo sospecha
La denuncia se centra en la Resolución Gerencial Regional N.° 000448-2024-GRLL-GGR-GRE, emitida el 5 de febrero de 2024, mediante la cual se reconoce el pago de la bonificación por preparación de clases a favor de Francisca Zelmira Paz Sevillano de Camacho. Según el documento, dicha resolución habría sido expedida en abierta contravención a una sentencia judicial firme emitida por el Segundo Juzgado Laboral en 2019.
Pese a las advertencias documentadas, oficios del Ministerio de Educación y expedientes administrativos que solicitaban la nulidad de oficio, los funcionarios denunciados habrían mantenido los trámites paralizados, permitiendo que el tiempo transcurra sin pronunciamiento legal ni técnico.
Retardo funcional
El escrito presentado ante la Fiscalía detalla dos expedientes administrativos clave que permanecieron sin resolución en áreas estratégicas del Gobierno Regional y de la GRELL, a pesar de que los responsables fueron formalmente notificados sobre la proximidad del vencimiento del plazo legal.
Para el denunciante, la conducta no sería aislada, sino una cadena de omisiones funcionales que comprometería responsabilidades penales, administrativas y funcionales. Por ello, solicitó al Ministerio Público una investigación profunda que permita esclarecer si existió una acción coordinada para blindar un acto administrativo presuntamente ilegal y lesivo al interés público.