La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito fiscal de La Libertad recibió una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado y de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, relacionados con el uso de recursos públicos asignados bajo la modalidad de encargo interno.
La denuncia señala que en el año 2025 se habría solicitado y tramitado un monto de S/ 15,984 para la supuesta ejecución del denominado Campeonato Deportivo Juvenil 2025, actividad que, según la documentación administrativa, tenía como finalidad promover la participación de jóvenes del distrito en actividades deportivas.
De acuerdo con el informe presentado ante el Ministerio Público, el requerimiento fue formulado por el subgerente de Juventud, Deportes y Cultura, Esteban García Otiñano, y tramitado ante el gerente de Desarrollo Social, Víctor Arturo Azañedo, quienes tenían responsabilidad directa en la evaluación, autorización y control del gasto. Asimismo, la denuncia alcanza al alcalde distrital Wilmer Sánchez, en calidad de presunto responsable por omisión funcional, además de los que resulten responsables conforme avance la investigación.
El plan de trabajo adjunto al requerimiento incluía un cronograma detallado que contemplaba la convocatoria, inauguración y desarrollo del campeonato entre el 4 y el 19 de noviembre de 2025. Sin embargo, una investigación periodística difundida el 22 de diciembre de 2025 reveló que dicha actividad no se habría ejecutado. Verificaciones realizadas en los escenarios deportivos consignados oficialmente, como el Complejo Deportivo Aumauta y el Estadio Municipal de La Esperanza, evidenciaron la inexistencia del evento durante las fechas indicadas.
La denuncia advierte, además, que no existiría rendición de cuentas, actas de ejecución, informes finales ni comprobantes que acrediten el destino de los recursos públicos asignados. Frente a los cuestionamientos, los funcionarios involucrados habrían brindado versiones contradictorias respecto al uso del dinero, lo que, según el documento, vulneraría los principios de legalidad, especificidad del gasto y veracidad administrativa.