Una grave denuncia sacude el sector educación en La Libertad. El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Benjamín Ruiz Briones, presentó una denuncia contra tres directores de UGEL por presunto aprovechamiento indebido del cargo y vulneración de la neutralidad electoral, señalando que habrían favorecido al candidato a diputado Julio Martín Camacho Paz, exgerente regional de Educación.
La denuncia —dirigida al pleno del Consejo Regional de La Libertad— involucra a los directores Carlos Alberto López Pérez (UGEL Chepén), Francisco Valdemar Castillo Cedrón (UGEL 01 El Porvenir) y Jorge Alberto Asmat Castro (UGEL 04 Trujillo-Sur Este). Según el documento, los funcionarios aparecieron públicamente junto al candidato durante el lanzamiento oficial de su campaña, realizado el 29 de noviembre, posando junto a una banderola proselitista.
Las imágenes, difundidas en la página oficial de Facebook del propio Camacho Paz, constituyen —según el denunciante— una evidencia directa de una participación política incompatible con sus cargos. Ruiz Briones sostiene que los directores rompieron el principio de neutralidad, pese a que la normativa vigente prohíbe expresamente a funcionarios públicos respaldar candidaturas, hacer propaganda o emplear infraestructura estatal con fines electorales.
El denunciante recuerda que el Decreto Supremo 054-2025-PCM, que regula la conducta de funcionarios durante el proceso electoral 2026, establece una serie de prohibiciones estrictas: evitar emitir opiniones políticas, permitir actividades de campaña en espacios institucionales y usar bienes públicos para propaganda. También remarca que la restricción alcanza incluso a publicaciones en redes personales.
La denuncia añade que los hechos vulnerarían además la Ley 27815, Código de Ética de la Función Pública, que sanciona el proselitismo político realizado desde el ejercicio del cargo o mediante el uso de recursos públicos.
Ruiz Briones califica la conducta de los funcionarios como una “inconducta funcional” que compromete la transparencia y equidad del proceso electoral. Advierte que, al prestarse a actividades de campaña, los directores habrían desnaturalizado su rol y comprometido la imparcialidad del Estado en un contexto electoral.
La acusación incluye anexos con fotografías y copia del decreto supremo mencionado. El documento fue remitido también al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Educación, instando a que se inicien las acciones de ley correspondientes.