Unidad de Investigación Pandemonio.- En la política regional se levanta una sospecha por presuntas presiones judiciales contra el consejero regional Robert de la Cruz. Estas, no serían simples coincidencias, sino la respuesta a su constante labor fiscalizadora dentro del Gobierno Regional de La Libertad. Su estilo frontal, sus denuncias continuas y su insistencia en revisar procesos millonarios lo han convertido en una figura incómoda para la actual gestión. Y justo cuando vuelve a exponer un caso sensible, un proceso archivado vuelve a la escena con inusitada rapidez.
Mientras enfrenta un juicio que ya había sido desestimado por la Fiscalía, el consejero acaba de revelar una irregularidad de alto calibre: la utilización de documentos con contenido aparentemente falso para otorgar la buena pro de una obra valorizada en cerca de S/ 30 millones. Y, otra vez, tras un acto de control político, aparece un intento por enlodarlo.
La reciente denuncia revelada el 14 de noviembre expone graves inconsistencias en la licitación que adjudicó la obra de mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N.º 82337 de Sayapullo al Consorcio La Torre, integrado por Menber Ingeniería Construcción y Servicios, Águila Construcciones y Constructora La Torre García. Según reveló, cinco profesionales clave habrían sido acreditados con certificaciones que no corresponden a la realidad de las obras donde supuestamente participaron.
Uno de los ejemplos más claros es el de la ingeniera Jaajara Soledad Zavaleta León, presentada como especialista en costos y presupuestos. El certificado consignado por el consorcio señala que desempeñó ese rol en la obra “Rehabilitación del Local Escolar 20016…”, pero en las Bases Integradas del proyecto no aparece ningún puesto con esas funciones. Inconsistencias similares involucran al ingeniero Javier Jesús Santos Albines, al arquitecto Tulio Enrique Espinoza Ordinola, al ingeniero Milller Romero Mejía y al ingeniero Jorge Orlando López Morales, todos incluidos como especialistas con experiencia que De la Cruz ha puesto en duda.
Más aún, el consejero cuestiona la ausencia de acción de la gobernadora y del gerente general Martín Namay, a quienes responsabiliza de no supervisar un proceso que compromete recursos públicos de gran magnitud. “El gerente general debería advertir, fiscalizar y estar en todas, pero está mutis”, afirmó, señalando que la pasividad de las máximas autoridades permite que licitaciones con presuntos documentos inexactos prosperen sin control.
Mientras su denuncia sobre el millonario proceso permanece sin respuesta en la Gobernación Regional, el viejo expediente judicial que lo involucra —antes archivado por falta de delito— vuelve a activarse. La coincidencia no pasa desapercibida. Para el entorno del consejero, la intención parece clara: neutralizar a quien insiste en fiscalizar los contratos más sensibles de la actual administración.
El consejero exige que se anule la buena pro otorgada al Consorcio La Torre y que se convoque un nuevo proceso transparente. Pese al clima político enrarecido que desataron sus revelaciones, De la Cruz no retrocede. Incluso con un juicio que considera injustificado en marcha, mantiene firme su postura: seguir denunciando, aunque su insistencia incomode a más de uno.