Una denuncia presentada ante el Ministerio Público revela la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de licencias de conducir en La Libertad y Lima. Según la documentación, más de mil personas habrían accedido a brevetes sin cumplir los requisitos legales, vulnerando de manera masiva el Sistema Nacional de Emisión de Licencias de Conducir.
El presunto acto ilícito se realizaba en complicidad con varias Escuelas de Conductores en Lima, donde se validaban huellas dactilares falsificadas mediante moldes de silicona obtenidos en Trujillo. Estos centros registraban asistencias inexistentes a cursos presenciales, permitiendo que postulantes que nunca recibieron capacitación formal accedieran a licencias, incluso de transporte público.
Lo más preocupante es la falta de control de las entidades fiscalizadoras. La SUTRAN, encargada de supervisar estas actividades, no detectó ni frenó una práctica que movió cientos de trámites simultáneamente. Del mismo modo, la Gerencia Regional de Transportes del Gobierno Regional de La Libertad tampoco aplicó correctivos, pese a la evidente salida de exámenes médicos desde provincias hacia trámites en Lima. Las propias Escuelas de Conductores, en Trujillo, al parecer actúan como cómplices de este accionar delictivo.
El caso revela la vulnerabilidad de los controles estatales y la permisividad de instituciones que, en lugar de cerrar espacios a la corrupción, facilitaron su expansión. Hoy, más de mil licencias presuntamente ilegales están en circulación, y la pregunta que queda es: ¿hasta qué punto el Estado está dispuesto a enfrentar un fraude con la inoperancia de sus órganos de control?
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