Redacción Pandemonio. Las denuncias contra autoridades de Alianza para el Progreso (APP) continúan acumulándose. Esta vez, la atención se centra en el distrito de La Esperanza, donde el alcalde Wilmer Sánchez Ruiz ha sido acusado formalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en una licitación pública valorizada en S/ 1’352,186.95.
La obra en cuestión es el proyecto “Recuperación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el complejo deportivo Ramiro Prialé”, ubicado en el asentamiento humano del mismo nombre. El proceso, identificado con el CUI N.º 2676249, ha sido señalado como presuntamente direccionado para favorecer a un postor específico, pese a que este habría incumplido requisitos técnicos obligatorios.
Un proceso con sombras
La denuncia fue presentada por el representante legal del Consorcio Trujillo, participante en el concurso, quien asegura que el Comité de Selección —integrado por Marco Antonio Álvarez Guayan, María Elizabeth Castro Moreno, Patrick Raymond Quispe Rodríguez y Roger Enrique Sheen Uriol— vulneró el reglamento de contrataciones al descalificar a su empresa por un “error material” subsanable: consignar de forma incorrecta el nombre de una de las empresas del consorcio.
Según el denunciante, el comité no notificó observación alguna ni permitió la subsanación, incumpliendo criterios establecidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE).
“Este tipo de errores son subsanables. Nos dejaron fuera sin darnos posibilidad de corregir, cuando lo justo era evaluar todas las propuestas de manera equitativa”, sostuvo.
La planilla que no cuadraba
La acusación no se detiene allí. El acta del comité revela que dos postores fueron excluidos por presentar planillas con más de un mes de antigüedad, tal como establece el reglamento. Sin embargo, la empresa ganadora —según la denuncia— habría cometido la misma falta.
Documentos presentados ante la Fiscalía indican que dicha empresa entregó una planilla correspondiente a abril de 2025, cuando la fecha de presentación de ofertas fue el 5 de junio. Es decir, dos meses después, contraviniendo lo exigido por la normativa.
El cronograma oficial del proceso confirma esta diferencia de fechas. Pese a ello, el comité no aplicó la misma sanción que a los demás competidores.
“Claramente hay un trato desigual. Si el reglamento exige que la planilla tenga una antigüedad no mayor a un mes, ¿por qué se permite que el ganador incumpla lo mismo por lo que otros fueron descalificados?”, cuestionó el denunciante.
Otros vacíos y omisiones
La denuncia también señala que la empresa favorecida no incluyó trabajadores con discapacidad en su propuesta, pese a que la ley obliga a las empresas contratistas a contar con este requisito en su planilla.
Además, este mismo comité de selección ya había sido cuestionado en anteriores procesos por supuestos direccionamientos y favorecimientos indebidos, lo que refuerza las sospechas de un patrón de comportamiento irregular.
Silencio en la alcaldía
El denunciante afirma haber enviado dos comunicaciones formales al alcalde Wilmer Sánchez Ruiz, adjuntando pruebas documentales de las presuntas irregularidades. Hasta el momento, no ha recibido respuesta, pese a que el burgomaestre es el titular de la entidad y está legalmente obligado a garantizar la transparencia y legalidad del proceso.
El Tribunal de Contrataciones del Estado establece que las planillas deben tener como máximo un mes de antigüedad respecto a la fecha de presentación de ofertas; cualquier incumplimiento constituye causal directa de descalificación.
Un patrón en gestiones apepistas
Este caso se suma a otros cuestionamientos que pesan sobre autoridades del partido Alianza para el Progreso, tanto en municipios distritales como en el propio Gobierno Regional de La Libertad. Observadores políticos advierten que lo ocurrido en La Esperanza podría ser parte de un patrón repetitivo en el manejo de procesos públicos.
“Este no es un hecho aislado. Exigimos que se respete el marco normativo y que las contrataciones públicas no se conviertan en botín político”, subrayó el representante del Consorcio Trujillo.
Exigen nulidad del proceso
El denunciante solicitó que el alcalde declare de oficio la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayendo el proceso a la etapa de evaluación para que su propuesta sea considerada en igualdad de condiciones y conforme a ley.
La decisión ahora queda en manos de la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría y la propia autoridad municipal, mientras la ciudadanía espera que el manejo de fondos públicos se ajuste a los principios de transparencia y justicia.